Cuidados de la Salud

MOCIÓN QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE DESARROLLO DEL SECTOR DE LOS CUIDADOS.

La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Todas las personas dependemos de las demás en algún momento de nuestra vida. Requerimos cuidados, ya sea en algún periodo importante (al nacer, en la infancia, si enfermamos, durante nuestra vejez) o de manera sostenida y continuada en el tiempo a causa de enfermedades crónicas o por razones de diversidad funcional.

El trabajo que significa cuidar, actualmente recae mayoritariamente en manos femeninas (un 83% de las personas que cuidan son mujeres). Es un trabajo minusvalorado, poco o nada remunerado, físico y psicológicamente duro, y asumido generalmente por mujeres que cuidan por una relación basada en lazos familiares dentro del marco invisibilizado del hogar; o bien por trabajadoras remuneradas de forma precaria, en su mayoría mujeres migrantes de países empobrecidos.

La población española mayor de ochenta años, que en 1991 era de 1.147.868 personas, asciende en 2017 a 2.551.761 habitantes. La evolución de la pirámide demográfica permite  vislumbrar que en las próximas décadas las necesidades de cuidados, especialmente de la gente mayor, irán en aumento.

La estructura social ha variado hacia un modelo en el que las mujeres se encuentran mayoritariamente trabajando fuera del hogar de forma precaria, y a la vez cubriendo esos trabajos de cuidado de forma igualmente precaria (dobles trabajos, dobles presencias), pues la entrada de los hombres en los cuidados está siendo claramente insuficiente, los lazos comunitarios son más débiles, y la cobertura pública de los cuidados es absolutamente testimonial y ridícula.

En el año 2006 se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de facilitar una existencia autónoma en su medio habitual a toda la ciudadanía. La Ley pretendía convertir en una cuestión social lo que antes era una cuestión privada, que se resolvía en gran medida mediante los cuidados familiares o externalización. Hasta ese momento la dedicación al cuidado de otros acostumbraba a significar una inversión de tiempo y trabajo que no conllevaba generación de derechos ni reconocimiento. Así que la mal llamada “Ley de dependencia” intentó generar un salto cualitativo en el reconocimiento, tanto de las personas cuidadas como de las cuidadoras.

Sin embargo, este incipiente derecho sería de los primeros en ser recortado y desmantelado. A finales de 2011 se redujeron drásticamente los presupuestos y se pospuso la atención a las personas con dependencia moderada. Para el año 2012 la Ley se reformó para limitar el alcance de este derecho, dejando a partir de 2013 desamparadas a muchas personas que necesitaban de un acompañamiento y una atención. A la vez, ese cambio legislativo comportó el cese de la cotización a la seguridad social de las cuidadoras y la expulsión de la mayor parte de ellas del sistema.

Así pues, es necesario recuperar, reformular e impulsar una política pública de cuidados, y considerar ese sector como un motor de importancia vital dentro del sistema económico y el mercado de trabajo.

Sabemos que España se encuentra a la cola de Europa en cuanto a inversión pública en servicios de bienestar. Esto significa, entre otras muchas cosas, que tan sólo el 14,6% del trabajo total es trabajo en el sector público y que las personas que se dedican a cuidar de otras personas de forma remunerada sólo suman el 4% del total del trabajo. Recordando que este es todavía un trabajo absolutamente precario en todos los sentidos y asumido mayoritariamente por mujeres, se entiende que la falta de una cobertura pública suficiente de los cuidados ayuda a que la economía y la sociedad española perpetúen la desigualdad entre mujeres y hombres, consoliden la estratificación social, y obviamente mantengan un mal trato hacia las personas con necesidades de asistencia personal. 

Por último, queremos dejar constancia de que la cuestión de los cuidados y la asistencia personal, además de ser una cuestión de  justicia de género, es una inversión y un sector a priorizar en clave económica y social.

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente propuesta de MOCIÓN:

  • El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena acuerda instar al Consejo de Gobierno de la CARM a:
  1. Aumentar las plazas residenciales públicas de personas mayores dependientes, de manera que la lista de espera no sea superior a un 10% de las plazas ofertadas, así como las plazas para Centros de Día.
  2. Garantizar una plantilla pública suficiente de profesionales de atención y cuidados en las residencias públicas y Centros de Día.
  3. Que el artículo 14.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que establece que el beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales en su vivienda, se aplique de manera excepcional y no como la regla en la concesión de prestaciones por parte del IMAS de modo que se potencien e impulsen los servicios profesionales frente a las ayudas económicas.
  • El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal y al de la Comunidad Autónoma a que se amplíe la red pública de escuelas infantiles desde los cero años, de manera que se permita la conciliación de la vida laboral y familiar.